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Nos enorgullecemos de ofrecer asesoramiento jurídico rentable a los contratistas principales y subcontratistas del Gobierno federal, incluso en las circunstancias más complejas, con un enfoque orientado a las soluciones que tiene como objetivo minimizar los riesgos y evitar litigios costosos y prolongados. Nuestra amplia experiencia y nuestra sólida plantilla de abogados especializados tanto en transacciones como en litigios, en las numerosas áreas de práctica que afectan a los contratistas del Gobierno, nos permiten adoptar un enfoque multidisciplinar y holístico ante estos complejos asuntos jurídicos.

La amplia experiencia de nuestro equipo nos permite ayudar a los clientes en todos los ámbitos de los contratos con el Gobierno federal, entre los que se incluyen:

Asuntos litigiosos

• Reclamaciones en materia de licitaciones. Nuestro equipo representa a contratistas públicos —ya sea en calidad de reclamante o de adjudicatario interviniente— en reclamaciones sobre contratación pública ante el organismo competente, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), el Tribunal Federal de Reclamaciones de los Estados Unidos (COFC), el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos y otros procesos alternativos de resolución de controversias en materia de contratación pública (por ejemplo, el Funcionario de Resolución de Desacuerdos con Proveedores del Servicio Postal de los Estados Unidos). También representamos a clientes en impugnaciones por tamaño o condición presentadas ante la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA), incluidas las apelaciones ante la Oficina de Audiencias y Apelaciones (OHA) de la SBA.
• Reclamaciones y controversias. Durante la ejecución de contratos y subcontratos públicos, surgen inevitablemente controversias, y las normas y cláusulas contractuales específicas aplicables a los trabajos realizados para el Gobierno federal pueden plantear cuestiones jurídicas que no se dan en los contratos mercantiles. Nuestro equipo representa a los contratistas en el análisis y la preparación de solicitudes de ajuste equitativo y reclamaciones, incluidas aquellas relacionadas con cambios ordenados por el gobierno, retrasos causados por el gobierno, rescisiones por conveniencia y órdenes de suspensión de obras. Si la reclamación no puede resolverse directamente con la agencia contratante, representamos a los clientes en la tramitación de sus reclamaciones ante las Juntas de Apelaciones de Contratos Civiles y de las Fuerzas Armadas, el Tribunal Federal de Reclamaciones de los Estados Unidos y el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos. Contamos con una amplia experiencia en la tramitación de reclamaciones monetarias contra los Estados Unidos en virtud de la Ley Tucker ante el Tribunal Federal de Reclamaciones de los Estados Unidos, incluidas reclamaciones contractuales, reclamaciones derivadas de una fuente de derecho que exige el pago de una suma de dinero, reclamaciones por exacciones ilegales y reclamaciones por expropiaciones en virtud de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
• Auditorías e investigaciones internas y externas. Nuestro equipo, en colaboración con el equipo de Defensa e Investigaciones en materia de Cumplimiento Normativo Gubernamental (GEDI) de Foley, reconocido por Chambers, asesora y representa a contratistas del gobierno en la realización de auditorías e investigaciones internas y en la respuesta a auditorías e investigaciones gubernamentales, en relación con acusaciones de violaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act), incluidas las acciones qui tam; la Ley de Declaraciones Falsas (False Statements Act) y otras leyes penales sobre fraude; la Ley de Integridad en la Contratación Pública (Procurement Integrity Act); y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Ayudamos a los clientes a presentar documentos e información en respuesta a citaciones e investigaciones civiles y penales, incluidas las investigaciones dirigidas por el Departamento de Justicia o la Oficina del Inspector General (IG). También asesoramos a los clientes sobre los requisitos de divulgación obligatoria del Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR) y cuestiones de responsabilidad relacionadas, y les ayudamos a preparar las divulgaciones iniciales y complementarias a la IG.
• Suspensión y exclusión. La suspensión y la exclusión de los contratos y subvenciones federales pueden tener consecuencias drásticas para los contratistas cuya actividad empresarial depende de la participación en contratos, subcontratos y subvenciones federales. Hemos representado con éxito a clientes en la respuesta a notificaciones de suspensión y exclusión, trabajando para demostrar al funcionario responsable de la suspensión y la exclusión de la agencia correspondiente que la suspensión o la exclusión propuesta es injustificada.  Cuando procede, ayudamos a las empresas a negociar acuerdos de cumplimiento administrativo que les permiten seguir haciendo negocios con el Gobierno federal.

Asuntos transaccionales

• Redacción y negociación de los términos y condiciones de los subcontratos. Ayudamos a los contratistas de nivel superior a preparar las disposiciones necesarias del Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR) y las disposiciones complementarias de las agencias del FAR. Asimismo, ayudamos tanto a los contratistas de nivel superior como a los de nivel inferior a examinar, revisar y negociar los términos y condiciones de los subcontratos y las órdenes de compra.
• Subvenciones y acuerdos de cooperación. Nuestro equipo asesora a los contratistas sobre los requisitos de cumplimiento establecidos en el título 2 del Código de Regulaciones Federales, parte 200 (la «Guía Uniforme»), así como en otras normativas complementarias aplicadas por diversos departamentos y organismos que regulan las subvenciones federales y los acuerdos de cooperación. Ayudamos a los clientes a revisar y negociar términos y condiciones especiales, así como a preparar subcontratos y contratos que incluyan las condiciones de transferencia exigidas. También ayudamos a los clientes a desarrollar políticas, procedimientos y programas de cumplimiento para garantizar el cumplimiento de los rigurosos requisitos administrativos y normativos que conlleva la recepción de financiación federal en virtud de acuerdos de asistencia financiera.
• Acuerdos de otras transacciones (OTA). A lo largo de la última década, el Gobierno federal ha recurrido cada vez más a su facultad de «otras transacciones» para celebrar OTA. Dado que los OTA no están sujetos al Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR) ni a la Guía Uniforme, cada uno de ellos requiere un análisis minucioso para comprender las obligaciones de cumplimiento que el Gobierno pretende imponer y los derechos que se propone obtener sobre la propiedad intelectual desarrollada y los bienes públicos adquiridos en el marco de un OTA. Contamos con experiencia en la revisión y negociación de OTA con múltiples organismos en diversos sectores.
• Otros tipos de acuerdos. Representamos a nuestros clientes en la redacción, negociación y cumplimiento de acuerdos de confidencialidad (NDA) y acuerdos de colaboración, incluidos los acuerdos de colaboración entre contratistas del programa GSA Schedule (CTA).
• Fusiones y adquisiciones (M&A). Nuestro grupo asesora a los clientes tanto en operaciones de compra como de venta sobre toda la gama de cuestiones que una empresa puede encontrar en una operación de M&A, lo que incluye la realización de una exhaustiva diligencia debida; la identificación de riesgos significativos o incumplimientos; la redacción y negociación de declaraciones y garantías; la preparación de anexos informativos; la preparación de notificaciones de cambio de titularidad y de reevaluación del tamaño; y la preparación de los trámites para el cambio de denominación y la novación. También asesoramos a las empresas sobre el impacto potencial de una adquisición que dé lugar a propiedad, control o influencia extranjeros (FOCI), mediante la preparación de paquetes de condiciones modificadas para la autorización de seguridad de las instalaciones y la negociación de acuerdos de mitigación de FOCI. Cuando una adquisición va a dar lugar a FOCI, también colaboramos con los miembros de nuestro equipo de Comercio Internacional y Seguridad Nacional para obtener las autorizaciones necesarias del Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS) y presentar otras notificaciones requeridas a los organismos reguladores, incluidas las notificaciones obligatorias a la Dirección de Control del Comercio de Defensa (DDTC).

Problemas específicos de rendimiento

• Requisitos de abastecimiento nacional: Los requisitos de contenido nacional constituyen un aspecto fundamental —y a menudo complejo— de la contratación pública federal y suelen aparecer en los contratos gubernamentales, en particular en los contratos y subcontratos del Departamento de Defensa (DoD) y en los contratos o subcontratos adjudicados en el marco de proyectos de infraestructura financiados con fondos federales. En el caso de los contratos y subcontratos federales, este conjunto de restricciones al abastecimiento nacional incluye la Ley «Buy American» (BAA); la Ley de Acuerdos Comerciales; la Enmienda Berry y la Enmienda Kissell, que regulan la compra de determinados productos básicos por parte del Departamento de Defensa y del Departamento de Seguridad Nacional; y las restricciones específicas del Departamento de Defensa sobre el abastecimiento de los denominados «metales especiales». Al ejecutar contratos o subcontratos en el marco de proyectos de infraestructura financiados con fondos federales, los contratistas se enfrentan a requisitos de abastecimiento y contenido nacional en virtud de un complejo conjunto de normas que a menudo varían en función de la fuente de la financiación federal, incluyendo la Ley Build America, (BABA) y ciertos requisitos específicos de cada agencia denominados «Buy America» o «Buy American» aplicables a los componentes del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, tales como la Administración Federal de Tránsito, la Administración Federal de Carreteras, la Administración Federal de Ferrocarriles/Amtrak y la Administración Federal de Aviación.  Foley ayuda a los clientes a desarrollar estrategias para garantizar el cumplimiento de estos requisitos de contenido nacional y de adquisición en el extranjero relacionados, lo que incluye asesorar sobre la mejor forma de estructurar la cadena de suministro y las prácticas de contratación para garantizar el cumplimiento; llevar a cabo la debida diligencia para garantizar la presentación de certificaciones precisas a las agencias gubernamentales o a los clientes de nivel superior, incluido el cálculo de los porcentajes de contenido nacional; y responder a las auditorías e investigaciones gubernamentales relacionadas con estos requisitos de abastecimiento nacional.
• Datos veraces sobre costes o precios: Foley ofrece asesoramiento sobre el cumplimiento de la Ley de Datos Veraces sobre Costes o Precios (antes conocida como TINA), que exige a los contratistas revelar los datos sobre costes o precios de las contrataciones negociadas que superen determinados umbrales y certificar que dichos datos son actuales, precisos y completos. Con este fin, ayudamos a los clientes a determinar qué datos sobre costes o precios deben revelarse y a mantener registros adecuados de dichas revelaciones. También ayudamos a elaborar las políticas y procedimientos pertinentes y ofrecemos la formación necesaria para garantizar que se haya llevado a cabo la debida diligencia antes de firmar un Certificado de Datos Actualizados sobre Costes o Precios. Foley también representa a los contratistas en su respuesta a auditorías e investigaciones gubernamentales que aleguen fijación de precios defectuosa en virtud de la TINA.
• Requisitos de contabilidad de costes: Asesoramos habitualmente sobre la correcta imputación y admisibilidad de los costes en los contratos públicos, de conformidad con los principios de contabilidad de costes aplicables, incluidos los establecidos en la Parte 31 del Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR). Asimismo, ayudamos a los clientes a determinar si un contrato principal o un subcontrato está sujeto a la aplicación íntegra o modificada de las Normas de Contabilidad de Costes (CAS). Cuando se producen auditorías, incluidas las de la DCAA, ayudamos a los clientes a prepararse para ellas, a responder a las conclusiones desfavorables y a negociar soluciones con los responsables de contratación.
• Seguridad de la cadena de suministro: El Gobierno federal ha ido imponiendo cada vez más requisitos adicionales en materia de seguridad de la cadena de suministro de los contratistas, desde la protección contra componentes electrónicos falsificados hasta la prohibición del uso o la incorporación de determinados tipos de productos o componentes fabricados en países extranjeros que suscitan preocupación, entre ellos China y Rusia. Estos requisitos de seguridad de la cadena de suministro se extienden al uso de aplicaciones desarrolladas por ByteDance (como TikTok), equipos y servicios de telecomunicaciones y videovigilancia afectados, hardware, software y servicios desarrollados o proporcionados por Kaspersky Lab, y productos o servicios cubiertos por las órdenes de la Ley Federal de Seguridad de la Cadena de Suministro en las Adquisiciones (FASCSA). La implementación de políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de estos requisitos de seguridad de la cadena de suministro es fundamental para evitar costosas disputas, auditorías, investigaciones y posibles sanciones por incumplimiento.
• Contratos del Programa de Adjudicación Múltiple (MAS) de la Administración de Servicios Generales (GSA) de EE. UU.: El programa GSA Schedule abarca millones de productos y servicios, suministrados por miles de proveedores. Dado que todas las agencias federales y otras entidades y organizaciones autorizadas pueden adquirir productos y servicios a través del GSA Schedule, estos instrumentos contractuales proporcionan una plataforma para que los contratistas comercialicen y vendan productos al Gobierno federal. Ofrecemos una amplia gama de servicios de contratación del Programa GSA, desde la presentación previa de la propuesta hasta el cumplimiento posterior a la adjudicación, lo que incluye explicar los requisitos y limitaciones de la contratación de la GSA; proporcionar información actualizada, precisa y completa sobre prácticas comerciales de venta; y apoyar el cumplimiento del contrato tras la adjudicación en lo que respecta a la cláusula de reducción de precios o la presentación de informes de datos transaccionales, según corresponda, la Ley de Acuerdos Comerciales, y la presentación de informes y el pago de las tasas de financiación industrial.
• Productos y servicios comerciales: La ampliación de la definición de «productos y servicios comerciales » y la exigencia de que el Gobierno adquiera dichos productos y servicios siempre que sea posible han generado nuevas oportunidades en materia de contratación pública. Los contratos y subcontratos de productos y servicios comerciales se han simplificado, asemejándose cada vez más a los contratos no gubernamentales. Asesoramos a nuestros clientes sobre las mejores formas de aprovechar la contratación de productos y servicios comerciales para minimizar el riesgo y ahorrar costes. Ayudamos tanto a compradores como a vendedores a redactar sus contratos para abordar todos los riesgos y requisitos, incluida la preparación de órdenes de compra estándar que se utilizarán para todas las adquisiciones o de documentos especializados para un contrato concreto.

Cuestiones de cumplimiento normativo

• Código de ética y conducta empresarial y programas y políticas de cumplimiento. Nuestro equipo colabora con contratistas públicos para desarrollar, revisar y adaptar su Código de ética y conducta empresarial, así como para implementar programas de cumplimiento, lo que incluye la elaboración de políticas y procedimientos escritos y la impartición de formación sobre cuestiones de ética y cumplimiento. Dado que no existe un enfoque único válido para todos en materia de cumplimiento, elaboramos programas de cumplimiento adaptados a las necesidades específicas de cada cliente, al tiempo que aprovechamos los resultados de trabajos anteriores y nuestra experiencia para aumentar la eficiencia.
• Asuntos relacionados con las pequeñas empresas. Representamos a nuestros clientes en reclamaciones sobre el tamaño de las empresas ante la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y en los recursos correspondientes ante la Oficina de Audiencias y Apelaciones (OHA) de la SBA. También asesoramos a los clientes sobre cómo cumplir los diversos requisitos de tamaño y situación socioeconómica, así como las normas de afiliación, incluyendo los relativos a las pequeñas empresas 8(a), las pequeñas empresas propiedad de veteranos con discapacidad (SDVOSB), las pequeñas empresas propiedad de veteranos (VOSB), las pequeñas empresas propiedad de mujeres (WOSB), las pequeñas empresas desfavorecidas (SDB) y las pequeñas empresas de zonas históricamente infrautilizadas (HUBZone SBs). Asimismo, asesoramos a los clientes sobre el impacto de las fusiones y adquisiciones en su condición de elegibilidad como pequeña empresa o como un tipo específico de pequeña empresa, teniendo en cuenta su nueva afiliación con los adquirentes. Además, asesoramos a los clientes sobre los requisitos de elegibilidad en el marco de los contratos y subvenciones de las fases I y II del Programa de Investigación Innovadora para Pequeñas Empresas (SBIR) y del Programa de Transferencia Tecnológica para Pequeñas Empresas (STTR). Colaboramos con grandes empresas para elaborar planes de subcontratación de pequeñas empresas, incluidos planes individuales y comerciales, y para establecer mecanismos que garanticen la presentación de informes precisos sobre la subcontratación de pequeñas empresas. También trabajamos con pequeñas empresas para comprender sus obligaciones de cumplimiento en virtud de la cláusula de limitaciones a la subcontratación en los contratos adjudicados como reserva para pequeñas empresas.
• Propiedad intelectual, incluidos datos técnicos, programas informáticos e invenciones objeto de la ley. En colaboración con el equipo de Propiedad Intelectual de Foley, Foley ayuda a los clientes a elaborar estrategias para proteger sus derechos de propiedad intelectual (PI), tanto en lo que respecta a la PI preexistente desarrollada con fondos exclusivamente privados como a la PI desarrollada en el marco de contratos gubernamentales financiados con fondos federales, subvenciones, acuerdos de cooperación, acuerdos de transferencia de tecnología (OTA) y acuerdos de investigación y desarrollo cooperativos (CRADA). Ofrecemos asesoramiento para completar tablas de reivindicación de derechos sobre datos; cumplir con los requisitos adecuados de marcado de datos técnicos y software informático; redactar y negociar acuerdos de licencia entre contratistas principales y subcontratistas; e identificar y notificar adecuadamente las invenciones objeto de la Ley Bayh-Dole. Además, ayudamos a los clientes a responder a solicitudes en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) y otras solicitudes relacionadas para proteger los secretos comerciales de los clientes, la información comercial y financiera confidencial, y cualquier otra información que pudiera proporcionar a los competidores una ventaja competitiva desleal.
• Ciberseguridad. En colaboración con el equipo de Ciberseguridad y Privacidad, Seguridad y Gestión de la Información (Privacidad) de Foley, ofrecemos asesoramiento a contratistas del sector público, incluidos los del Departamento de Defensa, sobre los requisitos de ciberseguridad aplicables a los contratistas que posean o utilicen datos gubernamentales, lo que incluye el cumplimiento de la norma NIST SP 800-171 y los requisitos de la Certificación del Modelo de Madurez en Ciberseguridad (CMMC). En caso de incidente cibernético o incumplimiento, ayudamos a los contratistas a preparar informes y comunicaciones oportunos y exhaustivos para las agencias gubernamentales pertinentes.
• Autorizaciones de instalaciones, FOCI y cuestiones relacionadas con las autorizaciones de seguridad. En colaboración con el equipo de Comercio Internacional y Seguridad Nacional de Foley, asesoramos a los contratistas del Gobierno sobre el cumplimiento del Manual Operativo del Programa Nacional de Seguridad Industrial (NISPOM) y la notificación oportuna de cualquier cambio en las condiciones.
• Contratación pública internacional y cumplimiento normativo. Colaboramos estrechamente con el equipo de Comercio Internacional y Seguridad Nacional de Foley para ofrecer servicios jurídicos integrales en materia de contratación pública internacional, lo que incluye asesoramiento sobre el cumplimiento de las Normas sobre Tráfico Internacional de Armas (ITAR) y las Normas de Administración de Exportaciones (EAR), la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), así como en investigaciones relacionadas y en cuestiones arancelarias y de sanciones.
• Cuestiones laborales y de empleo. En colaboración con los miembros de nuestro equipo de Derecho Laboral y de Empleo, representamos a contratistas del sector público en asuntos que afectan a su plantilla, incluyendo el cumplimiento de E-Verify; las obligaciones de presentación de informes anuales (por ejemplo, los informes EEO-1 y VETS-4212); la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA); y cuestiones relativas al salario vigente en virtud de la Ley de Normas Laborales para Contratos de Servicios (SCA) y la Ley Davis-Bacon. También ayudamos a los clientes a preparar los programas de acción afirmativa exigidos y a actualizarlos anualmente.

Sectores e industrias representativos

Representamos a contratistas públicos que suministran bienes y servicios al Gobierno de los Estados Unidos en una amplia variedad de industrias y sectores, entre los que se incluyen:

• Tecnología de la información y telecomunicaciones
• Computación en la nube/Almacenamiento
• Software y tecnología informática
• Ciberseguridad
• Servicios profesionales
• Servicios de arquitectura e ingeniería
• Atención sanitaria
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• Aeroespacial
• Defensa
• Instalaciones y mantenimiento
• �󲹲�������������ó�� y distribución
• �Ѳ���í�پ����� y construcción naval
• Servicios medioambientales
• Transporte
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• Centros de enseñanza superior, organizaciones sin ánimo de lucro, otros beneficiarios de subvenciones y subbeneficiarios