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Puntos clave

• La regulación impulsada por los estados sigue marcando los requisitos en materia de gestión responsable de los productos, y California está estableciendo normas que podrían influir en las estrategias de cumplimiento a nivel nacional.
• Las empresas deberían revisar sus declaraciones sobre reciclabilidad, el uso de PFAS y las decisiones relativas al embalaje, teniendo en cuenta las leyes estatales cada vez más detalladas y las expectativas en materia de cumplimiento.
• Los programas de responsabilidad ampliada del productor se están extendiendo por numerosos estados y se están convirtiendo en un factor operativo y financiero a tener en cuenta de forma permanente, mientras que los litigios añaden incertidumbre en algunas jurisdicciones.
• Las obligaciones de divulgación de información relacionada con el clima están ampliando su alcance, lo que indica un crecimiento continuo de los requisitos de información obligatoria en materia de ESG para las empresas que operan en California y fuera de ella.

Foley organizó recientemente un seminario web en el que se analizaron los principales avances que están definiendo el panorama de la gestión responsable de los productos. A medida que los requisitos normativos siguen ampliándose y las declaraciones medioambientales se someten a un escrutinio cada vez mayor, las empresas se enfrentan a nuevos retos de cumplimiento normativo en distintas jurisdicciones. Un tema central a lo largo del debate fue que, ante la ausencia de una normativa federal exhaustiva, los estados —en particular California— están impulsando gran parte de la actividad reguladora, lo que da lugar a un marco complejo y en constante evolución que las empresas deben supervisar y gestionar de forma activa.

Declaraciones sobre la reciclabilidad y la ley SB 343 de California

Uno de los temas principales del seminario web fue la ley californiana «Truth in Recycling» (Veracidad en el reciclaje), el proyecto de ley del Senado 343 (SB 343), que eleva considerablemente el listón de las declaraciones de reciclabilidad de cara a su entrada en vigor el 4 de octubre de 2026. El SB 343 exige a las empresas que justifiquen sus declaraciones de reciclabilidad con documentación detallada y que se aseguren de que dichas declaraciones se ajustan a criterios específicos de California basados en las tasas reales de recogida y procesamiento, en lugar de en la reciclabilidad teórica.

La ley también restringe el uso del conocido símbolo de las «flechas entrelazadas» a menos que se cumplan estas normas. Las empresas que comercializan productos en California deberían plantearse revisar sus envases, reevaluar el etiquetado y los mensajes publicitarios, y reforzar los protocolos de documentación interna para mitigar los riesgos normativos y de reputación.

Regulación sobre los PFAS: Estabilidad a nivel federal y expansión a nivel estatal

En el debate también se abordó la atención regulatoria que siguen recibiendo las sustancias perfluoroalquílicas y polifluoroalquílicas (PFAS). A nivel federal, las autoridades reguladoras mantienen iniciativas clave, entre ellas las obligaciones de notificación previstas en la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA), cuyos plazos de notificación se acercan a 2026. Al mismo tiempo, los estados están impulsando una expansión significativa, con la presentación de cientos de proyectos de ley relacionados con las PFAS y la creciente adopción de prohibiciones específicas de productos en sectores como el textil, los cosméticos y el envasado de alimentos.

Este creciente mosaico de requisitos implica que el cumplimiento de la normativa sobre PFAS ya no se limita a los sectores tradicionalmente regulados. Por el contrario, los PFAS plantean un amplio desafío que afecta a todos los sectores y que exige una mayor visibilidad de la cadena de suministro, así como una mejor recopilación de datos y coordinación.

Responsabilidad ampliada del productor: costes, complejidad y litigios

Los programas de responsabilidad ampliada del productor (EPR) constituyeron otro ámbito clave de interés. Estas leyes trasladan los costes del sistema de reciclaje a los productores, lo que obliga a las empresas a registrarse, presentar informes y abonar tasas —a menudo a través de organizaciones de responsabilidad del productor— en función del material de envasado y de su reciclabilidad.

Dado que ya hay programas en marcha o a punto de ponerse en marcha en varios estados, las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del productor (EPR) se consideran cada vez más una cuestión operativa y financiera recurrente, en lugar de un mero ejercicio de cumplimiento puntual. Los litigios en curso en jurisdicciones como Oregón y Colorado ponen de manifiesto la persistente incertidumbre jurídica en torno a la estructura de los programas, su aplicación y la autoridad encargada de velar por su cumplimiento. En consecuencia, la EPR se está convirtiendo en un tema de interés para los consejos de administración, más que en una simple cuestión de cumplimiento de la normativa medioambiental.

Los requisitos de divulgación de información relacionada con el clima siguen ampliándose

El seminario web también abordó las leyes de California sobre divulgación de información climática, que tienen amplias repercusiones y siguen siendo normas climáticas de referencia para Estados Unidos. Los proyectos de ley del Senado 253 y 261 imponen a las grandes empresas la obligación de informar sobre sus emisiones y de divulgar los riesgos climáticos a partir de 2026, mientras que el proyecto de ley de la Asamblea 1305 se centra en la transparencia en materia de neutralidad en carbono y en las declaraciones relacionadas con las compensaciones de carbono.

Aunque los proyectos de ley SB 253 y SB 261 de California son objeto de impugnaciones judiciales en curso, actualmente solo se ha suspendido la aplicación del SB 261. Además, observamos un interés internacional creciente por la divulgación de información relacionada con el clima, la promulgación de nuevas leyes estatales en este ámbito (por ejemplo, en Nueva York) y una demanda cada vez mayor en el mercado de productos y servicios sostenibles. La tendencia general apunta a unas expectativas continuadas y, posiblemente, crecientes en materia de divulgación de información relacionada con el clima. Las empresas deben anticiparse a un mayor escrutinio regulatorio y por parte de los inversores, así como a la evolución de las expectativas de cumplimiento en este ámbito.

Aspectos a tener en cuenta para las empresas

A la luz de estos acontecimientos, las empresas deberían plantearse lo siguiente:

• Revisión de las declaraciones sobre los productos, el etiquetado y los materiales de marketing para verificar que cumplen con los requisitos estatales
• Mejorar los procesos de recopilación de datos y documentación de la cadena de suministro
• Preparación para el cumplimiento de las obligaciones normativas en varios estados y las posibles repercusiones en los costes, especialmente en relación con los programas de responsabilidad ampliada del productor (EPR)
• Seguimiento de los litigios y de la evolución normativa que puedan afectar a los plazos de aplicación y a las expectativas en materia de cumplimiento

La gestión responsable de los productos ya no es una función aislada de cumplimiento normativo. Se trata de una cuestión que afecta a toda la empresa y que requiere la coordinación entre los equipos jurídicos, operativos y de sostenibilidad. Las organizaciones que adopten un enfoque proactivo estarán mejor preparadas para gestionar los riesgos y adaptarse a medida que sigan evolucionando las exigencias normativas.

Si no has podido participar en este seminario web, te animamos a que vea la grabación. Si tiene alguna pregunta sobre los temas tratados, póngase en contacto con Amanda Beggso Sarah Slack, Natasha Dempsey, Nick Johnson, Betsy Stoneo Judah Lieblich.