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Qué significa la crisis del estrecho de Ormuz para las empresas de servicios petroleros en estos momentos

El estrecho de Ormuz ha sido un riesgo teórico en los mercados energéticos durante décadas. En la primavera de 2026, se convirtió en una amenaza muy real. Desde finales de febrero, cuando las operaciones militares estadounidenses contra Irán provocaron el cierre del estrecho, se ha interrumpido aproximadamente el 20 % del suministro mundial de petróleo transportado por mar —lo que la Agencia Internacional de la Energía ha calificado como la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo—. Para las empresas de servicios petroleros, las consecuencias siguen desarrollándose, y las cuestiones jurídicas que plantean tampoco son teóricas.

La realidad operativa

Antes del conflicto, entre el 20 % y el 25 % del crudo transportado por mar en todo el mundo y el 20 % del volumen global de GNL transitaban por el estrecho cada año. A los pocos días del estallido del conflicto, el tráfico de petroleros por el estrecho se desplomó, con una reducción de los envíos de más del 90 %, lo que supuso una interrupción de aproximadamente 10 millones de barriles diarios de producción. El crudo Brent superó los 100 dólares por barril por primera vez en casi cuatro años a mediados de marzo, y los precios se han mantenido volátiles, con el WTI cotizando entre 80 y 97 dólares por barril a lo largo de abril, a medida que el mercado reacciona a las negociaciones de alto el fuego y a los contratiempos, y volviendo a dispararse por encima de los 96 dólares esta misma semana, ya que el alto el fuego sigue siendo frágil. Rystad Energy ha estimado que podría tardar hasta julio en que los flujos de petróleo se recuperen hasta alcanzar siquiera el 90 % de los niveles previos a la guerra, y otros dos meses más para que esos barriles lleguen a las refinerías.

Para las empresas de servicios petroleros, los efectos inmediatos se están dejando sentir en múltiples frentes. Los precios del acero ya eran elevados antes del conflicto; los aranceles del 25 % sobre el acero, impuestos a principios de 2025 en virtud de la Sección 232, habían elevado el precio del acero laminado en caliente a unos 890 dólares por tonelada corta, lo que supone un aumento del 15 % con respecto a los promedios de 2024, según S&P Global Commodity Insights. Solo los aranceles sobre el acero suponían un coste adicional estimado de entre 1 y 2 millones de dólares por pozo en aguas profundas. La interrupción en el estrecho de Ormuz añade una crisis de suministro a un entorno ya de por sí marcado por la presión de los costes. Las tarifas de los seguros de transporte marítimo, que venían subiendo desde principios de 2026, se multiplicaron por cuatro o por seis en las semanas posteriores al inicio del conflicto. Se están retrasando las entregas de equipos. Los plazos de los proyectos se están alargando.

Las cuestiones jurídicas a las que se enfrentarán tus contratos

Cuando el mercado cambia de forma tan drástica y tan rápida, los contratos que parecían razonables hace seis meses de repente hay que revisarlos. Hay tres cuestiones jurídicas que surgen en casi todas las conversaciones que mantengo con mis clientes en estos momentos.

Fuerza mayor

La pregunta que todos se plantean es si un conflicto militar que provoque el cierre de una importante vía navegable internacional puede considerarse un caso de fuerza mayor. Según la legislación de Texas —que rige muchos contratos de servicios petroleros—, las cláusulas de fuerza mayor se interpretan de manera estricta en contra de la parte que las invoca. La cláusula debe cubrir específicamente el evento, este debe haber impedido realmente (y no solo encarecido) el cumplimiento de la parte, y la parte afectada debe demostrar, por lo general, que no podría haber previsto la interrupción.

Un conflicto militar de esta magnitud —que haya provocado una declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno de los Estados Unidos y haya causado una caída de más del 90 % en el tráfico marítimo por el estrecho— tiene más motivos para acogerse a la protección por fuerza mayor que los simples aumentos de costes derivados de los aranceles. Los tribunales han sostenido sistemáticamente que las dificultades económicas por sí solas no son motivo suficiente. Pero la imposibilidad real de cumplimiento, causada por un evento específicamente enumerado en el contrato (como «actos de guerra», «órdenes gubernamentales» o «conflicto militar»), es un asunto diferente. La variable crítica es siempre la redacción específica del contrato. Una cláusula que enumera «casos de fuerza mayor» pero omite «conflicto militar» coloca a la parte reclamante en una posición mucho más débil que una que incluya un amplio desencadenante de acción gubernamental.

Si está pensando en invocar una cláusula de fuerza mayor, los requisitos de notificación revisten una importancia fundamental. La mayoría de los contratos exigen una notificación por escrito en el plazo establecido y pruebas de que se han realizado esfuerzos razonables para mitigar los efectos. El incumplimiento de estos trámites puede invalidar una reclamación por fuerza mayor que, de otro modo, sería válida, independientemente de los hechos subyacentes.

Cláusulas de reajuste de precios y de modificación de la normativa

Muchos contratos de servicios petroleros se redactaron cuando los precios del acero, los costes de transporte y las tarifas de los seguros eran muy diferentes de lo que son hoy en día. Si su contrato incluye una cláusula de escalación de precios —una que da lugar a una renegociación cuando los costes de los insumos superan un umbral definido—, ahora es el momento de comprobar si las condiciones actuales del mercado han superado ese umbral. Lo mismo ocurre con las disposiciones sobre cambios legislativos, que algunos contratos del sector energético utilizan para hacer frente a cambios normativos o gubernamentales inesperados que afectan a la rentabilidad del cumplimiento. Un cierre del estrecho de Ormuz respaldado por una acción militar del gobierno podría, dependiendo de la redacción de la cláusula, constituir precisamente ese tipo de cambio.

Rescisión por conveniencia y cambio adverso sustancial

Algunos clientes revisan las cláusulas de rescisión no porque quieran poner fin a una relación, sino porque necesitan conocer su exposición en caso de que una contraparte intente rescindir el contrato primero. Cuando la estructura de costes de un proyecto se deteriora drásticamente —ya sea por retrasos en la entrega de equipos, porque los costes de los seguros se triplican o porque no se pueden adquirir materiales esenciales—, los operadores a veces estudian si pueden rescindir un contrato de servicios sin incurrir en penalizaciones. La respuesta depende casi por completo de lo que establezca el contrato. Las cláusulas de rescisión por conveniencia otorgan a los operadores esa flexibilidad de forma explícita. Las cláusulas de cambio adverso sustancial pueden invocarse en ocasiones cuando la economía del proyecto sufre un cambio fundamental. Si eres un proveedor de servicios, saber si tus clientes disponen de esas vías de salida —y si tú tienes los derechos correspondientes— es una información esencial en estos momentos.

Qué significa esto en la práctica

El contexto del mercado genera un tipo específico de riesgo para las empresas de servicios petroleros. Los operadores, que se enfrentan a aumentos en los costes de los proyectos de entre el 4 % y el 40 % (el rango estimado por Deloitte para las cadenas de suministro afectadas por los aranceles, antes de la interrupción en el estrecho de Ormuz), buscarán herramientas contractuales para reducir su exposición. Las empresas de servicios suelen ser las más afectadas por esas medidas. Al mismo tiempo, las empresas de servicios se enfrentan a sus propias presiones de costes en la fase inicial —mayores costes del acero, retrasos en los equipos, recargos en los seguros— que pueden afectar a su capacidad para cumplir los contratos existentes a las tarifas acordadas.

Vale la pena tomar ahora algunas medidas prácticas, independientemente de si actualmente tienes una reclamación en curso:

Revise sus contratos de servicio vigentes para determinar cómo se define la fuerza mayor, si la formulación que la activa es amplia o restrictiva, y qué requisitos de notificación y mitigación se aplican. Preste especial atención a si se mencionan específicamente «medidas gubernamentales», «conflicto militar» o «guerra», o si la cláusula se basa únicamente en una formulación general de carácter global.

Documente con detalle los aumentos de costes y las interrupciones en la cadena de suministro. Si fuera necesario presentar una reclamación por fuerza mayor o por subida de precios, los registros contemporáneos que indiquen cuándo comenzaron las interrupciones, qué costes aumentaron y qué alternativas se barajaron resultan mucho más convincentes que las cronologías reconstruidas.

Actualice sus plantillas de contrato para los nuevos acuerdos. La situación actual ha puesto de manifiesto que los aranceles, los conflictos militares y las restricciones de transporte impuestas por los gobiernos deben incluirse en los contratos de servicios petroleros, tanto como casos de fuerza mayor como factores desencadenantes de la escalada de precios. Es casi seguro que los contratos redactados en 2022 o 2023 no abordan todos estos aspectos de forma adecuada.

Una visión más amplia

El sector energético ya ha atravesado anteriormente caídas de precios, pandemias, guerras comerciales y crisis geopolíticas. Lo que suele marcar la diferencia entre las empresas que superan esos periodos y las que no no es solo su situación financiera, sino si comprendían sus derechos y obligaciones contractuales antes de que surgiera el conflicto.

La crisis del estrecho de Ormuz no se ha resuelto. A finales de abril de 2026, Irán ha declarado que la reapertura del estrecho es imposible mientras se mantenga el bloqueo estadounidense, y el alto el fuego sigue siendo frágil. Rystad Energy estima que aún faltan meses para que se produzca una recuperación significativa de los flujos de petróleo. Mientras tanto, las presiones legales y comerciales sobre las empresas de servicios petroleros seguirán aumentando.

Los contratos que tienes hoy en día se redactaron para un mercado diferente. Entender exactamente lo que dicen —y lo que no dicen— es el punto de partida para gestionar el mercado en el que te encuentras ahora.