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Las nuevas medidas arancelarias de la Administración Trump están transformando el entorno de las importaciones de formas que van mucho más allá de los propios tipos arancelarios. El aumento de los aranceles está provocando un incremento de los requisitos en materia de fianzas aduaneras, las nuevas medidas ejecutivas apuntan a una postura más agresiva en la aplicación de la normativa y los importadores se enfrentan a una presión cada vez mayor para garantizar que sus programas de cumplimiento puedan resistir un escrutinio más riguroso.

Durante meses, el Gobierno de EE. UU. ha dado a entender que impugnaría la competencia del Tribunal de Comercio Internacional (CIT) para exigir la devolución de los pagos de aranceles en virtud de la IEEPA correspondientes a declaraciones «definitivamente liquidadas» (aquellas en las que han transcurrido más de 90 días desde la liquidación). Esa impugnación ya se ha presentado. En recientes escritos presentados ante el CIT y en su recurso ante el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito Federal (CAFC), el Gobierno ha alegado que el CIT no puede ordenar la devolución de los pagos de aranceles de la IEEPA definitivamente liquidados, salvo en el caso de los demandantes que hayan interpuesto acciones cautelares al amparo del artículo 28 U.S.C. § 1581(i).

Durante gran parte del año pasado, el tema central del litigio sobre los aranceles de la IEEPA ha sido si dichos aranceles eran legales y si los importadores tendrían derecho, en última instancia, a recibir reembolsos. Tras la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2026, que anuló los aranceles, y los procedimientos posteriores ante el Tribunal de Comercio Internacional, esas cuestiones han quedado resueltas en gran medida. La atención se ha desplazado cada vez más de la cuestión de si deben pagarse los reembolsos a cómo se tramitarán, gestionarán y distribuirán dichos reembolsos.