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La elección del arbitraje como mecanismo de resolución de controversias es una ��𳦾�����ó�� importante a la hora de celebrar un contrato. Es igualmente importante decidir si el arbitraje debe ser administrado por una organización como la Asociación Americana de Arbitraje (AAA), los Servicios Judiciales de Arbitraje y Mediación (JAMS) o sus homólogos extranjeros, como la Cámara de Comercio Internacional (CCI), el Centro Internacional para la Resolución de Controversias (ICDR), la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA), etc. Se podría pensar que, si las partes acordaron someterse a arbitraje y, además, acordaron las normas que rigen la organización seleccionada, el arbitraje se llevaría a cabo en caso de que surgiera una controversia derivada del contrato entre las partes. Una ., n.º 24-2806 (7.º Cir. 1 de mayo de 2026) muestra que la conclusión anterior depende realmente de las normas de la organización arbitral seleccionada. A menudo, las partes preguntan si existe una diferencia sustancial entre las normas de las distintas organizaciones arbitrales. La sentencia Bernal subraya que es realmente necesario conocer las normas de la organización arbitral antes de realizar una selección; de lo contrario, la propia selección del arbitraje podría resultar vacía de contenido, y la parte supuestamente perjudicada se encontraría en tierra de nadie (sin poder presentar una demanda ante los tribunales ni poder proceder en el arbitraje seleccionado).

En el caso Bernal, los demandantes particulares compraron productos en línea a través del sitio web de Kohl’s entre 2020 y 2022 y tuvieron que aceptar los Términos y condiciones de Kohl’s, que incluían una cláusula de arbitraje en la que se establecía que «cualquier disputa, controversia o reclamación que surja de, o esté relacionada con… las compras… se resolverá únicamente mediante… un arbitraje bilateral definitivo y vinculante» llevado a cabo por la [AAA] con arreglo a sus normas, incluidas las Normas de Arbitraje para Consumidores de la AAA, según corresponda». Los demandantes (y más de 44 000 demandantes adicionales representados por el mismo abogado) alegaron que las prácticas de marketing de Kohl’s infringían las leyes de protección al consumidor de California y notificaron a Kohl’s la existencia de la controversia en diciembre de 2022. Mientras los demandantes y Kohl’s mantenían conversaciones de conciliación previas al arbitraje obligatorias a principios de 2023, Kohl’s modificó sus Términos y Condiciones, que supuestamente se aplicaban a las reclamaciones surgidas antes de 2023. Los términos modificados exigían el arbitraje ante el tribunal de la National Arbitration and Mediation y sus normas. En respuesta a la modificación de los Términos y Condiciones de Kohl’s (y de conformidad con la cláusula de arbitraje de los Términos y Condiciones vigentes en el momento de las compras de los demandantes), estos presentaron sus demandas formales de arbitraje individual contra Kohl’s y enviaron una copia de la demanda y del acuerdo de arbitraje subyacente a la AAA, además de abonar todas las tasas de presentación aplicables de la AAA (en este caso, cientos de miles de dólares en total). La AAA aceptó los casos y solicitó a Kohl’s que cumpliera con las Normas de Arbitraje para Consumidores.

En concreto, la Norma 12 de Arbitraje de Consumo de la AAA establece que una empresa que designe a la AAA como foro arbitral debe registrar su acuerdo de arbitraje ante la AAA y abonar una tasa no reembolsable. Además, la Norma 12 establece que la AAA «se negará a administrar arbitrajes de consumo» si una empresa no registra su acuerdo de arbitraje ante la AAA y no abona las tasas correspondientes. Por último, la Norma 12 establece que, si la AAA se niega a administrar el arbitraje debido al incumplimiento de la Norma 12 por parte de la empresa, las partes pueden someter su controversia a un tribunal competente.

Una vez que la AAA admitió los casos y solicitó a Kohl’s que inscribiera su acuerdo, esta no lo hizo. En consecuencia, y de conformidad con la Norma 12, la AAA se negó a arbitrar las reclamaciones, archivó los expedientes y reembolsó las tasas abonadas por los demandantes. 

A continuación, los demandantes presentaron ante un tribunal federal una solicitud para obligar al arbitraje, alegando que se sentían perjudicados por el hecho de que Kohl’s no hubiera acudido al arbitraje conforme a un acuerdo de arbitraje por escrito. Véase 9 U.S.C. §4. El tribunal de distrito denegó la petición, basándose en el caso Wallrich v. Samsung Electronics America, Inc., 106 F.4th 609 (7.º Cir. 2024), y sostuvo que el tribunal carecía de autoridad para revocar la ��𳦾�����ó�� de la AAA de dar por concluido el procedimiento, ya que las partes habían elegido dicho proceso en su acuerdo. En apelación, un tribunal del Séptimo Circuito (integrado por los jueces Michael Scudder, Doris Pryor y Joshua Kolar) confirmó la ��𳦾�����ó�� por 2 votos contra 1, con el voto particular del juez Kolar.

El Séptimo Circuito se basó en la sentencia del Tribunal Supremo en el caso BG Grp. contra la República de Argentina, 572 U.S. 25, 33 (2014), para sostener que, salvo que se indique lo contrario en el acuerdo entre las partes, el tribunal presume que «las partes pretendían que fueran los árbitros, y no los tribunales, quienes resolvieran las controversias sobre el significado y la aplicación de los requisitos procesales específicos para el recurso al arbitraje». Además, el Séptimo Circuito señaló que una parte perjudicada por el incumplimiento de la obligación de someterse a arbitraje por parte de la otra debe: demostrar la existencia de un acuerdo de arbitraje escrito y ejecutable; que la controversia entra dentro del ámbito de aplicación del acuerdo; y una «negativa a someterse a arbitraje». 9 U.S.C. §4. El Tribunal razonó que el hecho de que Kohl’s no hubiera registrado su acuerdo de conformidad con las normas de la AAA no equivalía a una negativa a someterse a arbitraje. Más bien, el arbitraje se desarrolló de conformidad con el proceso elegido por las partes, a saber, que la AAA aplicara las Normas de Arbitraje para Consumidores y luego se negara a continuar con el caso porque Kohl’s no había cumplido con dichas Normas. La ��𳦾�����ó�� de la AAA de aplicar el requisito de registro era una «vía procesal específica del foro» que las partes dejaron en manos de los árbitros para que decidieran. Howsam v. Dean Witter Reynolds, Inc., 537 U.S. 79, 84 (2002). El Séptimo Circuito también se basó en gran medida en su ��𳦾�����ó�� de 2024 en el caso Wallrich . En ese caso, un demandado en el arbitraje se negó a pagar las tasas exigidas por la AAA, y el demandante se negó a adelantar las tasas en nombre del demandado. La AAA cerró el arbitraje como consecuencia del impago. El tribunal de distrito estimó la solicitud del demandante de obligar al arbitraje, pero el Séptimo Circuito revocó la resolución, razonando que las partes «procedieron al arbitraje de conformidad con [las normas que seleccionaron] y sus consecuencias». Por lo tanto, el Séptimo Circuito concluyó que «el hecho de que Kohl’s no hubiera registrado su acuerdo ante la AAA era una cuestión que debía ser examinada por la AAA de conformidad con sus normas», lo cual hizo, y que «no había nada que el tribunal de distrito pudiera obligar en virtud de la Ley Federal de Arbitraje».

El juez Kolar expresó su desacuerdo, alegando que el arbitraje de la AAA no se había iniciado y que la AAA nunca lo había gestionado, contrariamente a lo acordado por las partes. El juez Kolar también distinguió el caso Wallrich y otros en los que los procedimientos de arbitraje se dieron por concluidos por impago de las tasas, ya que las partes tuvieron la oportunidad de continuar con el arbitraje adelantando las tasas en nombre de la otra parte y recuperándolas posteriormente. En el caso Bernal, sin embargo, los demandantes no podían registrar el acuerdo en nombre de Kohl. El juez Kolar también distinguió el caso Hernández contra MicroBilt Corp., 88 F.4th 215 (3.º Cir. 2023), en el que se basó la mayoría, ya que en ese caso la parte incumplidora pretendía obligar al arbitraje, a diferencia de los demandantes en el caso Bernal. El juez Kolar concluyó que la mayoría había creado una «opción para eludir el arbitraje» para una parte que no desea cumplir con una norma arbitral, y que el administrador del arbitraje ejerce su facultad discrecional para cerrar el expediente y no continuar con el arbitraje. 

Las partes, especialmente aquellas ubicadas en los estados bajo la jurisdicción del Séptimo Circuito (Illinois, Indiana y Wisconsin), deben examinar detenidamente las normas de las organizaciones que designen en sus acuerdos para la administración de los arbitrajes, a fin de asegurarse de que dichas normas no ofrezcan una «opción para eludir el arbitraje». En muchos contratos, un arbitraje no administrado (o ad hoc) puede cumplir el objetivo previsto de un mecanismo ágil de resolución de controversias, y las partes pueden elegir las normas procesales (o redactar las suyas propias) para obtener el proceso que han negociado. Por supuesto, esto debe hacerse en la fase de redacción del contrato, ya que es poco probable que las partes adversas acepten el proceso una vez que haya surgido una controversia.