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El equipo de Defensa e Investigaciones sobre Cumplimiento Normativo (GEDI) de Foley ha estado siguiendo de cerca la evolución de la situación en Venezuela. Antes de la reciente detención de Nicolás Maduro, esto incluía la designación del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y la inclusión de múltiples personas y entidades en la lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (lista SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Tras la captura de Maduro, el presidente Trump anunció que las empresas petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares en el sector energético de Venezuela, que actualmente cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo. Si bien la oportunidad de renovar las inversiones en este país rico en petróleo puede parecer atractiva para muchos, las empresas interesadas deben ser conscientes de los riesgos que ello conlleva antes de embarcarse en tales proyectos empresariales.

Aunque Maduro ya no controla el Gobierno venezolano y , muchas otras sanciones relacionadas con Venezuela y designaciones de organizaciones terroristas extranjeras (FTO) por parte de EE. UU. siguen vigentes por ahora. Además, entre los clientes petroleros de Venezuela se encuentran países como China, Rusia e Irán, todos los cuales se enfrentan a sus propias restricciones impuestas por EE. UU. Entrar en un mercado de este tipo agrava el riesgo legal, de cumplimiento y de reputación que ya existe al hacer negocios directa o indirectamente con organizaciones terroristas extranjeras, ya que la Ley Antiterrorista de Estados Unidos (ATA) expone a las empresas que realizan cualquier tipo de negocio con estas partes a sanciones penales y civiles por «apoyar materialmente» a terroristas (18 USC 2331-2339). Además de esta ley, las empresas tendrán que sortear la compleja maraña de sanciones impuestas a lo largo de los años por la OFAC en relación con la participación del Gobierno venezolano en el narcoterrorismo. Y, además de los obstáculos legales y normativos estadounidenses que siguen existiendo, hay que tener en cuenta consideraciones legales internacionales, así como la posibilidad de una inestabilidad política a largo plazo. Para aprovechar con éxito esta oportunidad, será necesario comprender a fondo las cuestiones legales que se plantean.

Foley asesora a sus clientes sobre cómo gestionar la situación cambiante en Venezuela y está preparado para ayudar a las empresas a mitigar y defenderse del riesgo de un problema de cumplimiento normativo en este ámbito. Combinamos un profundo conocimiento de la materia con una amplia experiencia en el manejo de políticas y medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, sanciones económicas, diligencia debida en la cadena de suministro, evaluaciones de riesgos de cumplimiento y investigaciones y procesos penales y civiles.

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